Second Sight, la empresa de ojos biónicos, dejó de ofrecer soporte de software para sus prótesis oculares Argus II cuando pasó a fabricar implantes cerebrales (presumiblemente más rentables). El software desempeña un papel importante en el funcionamiento de los dispositivos.

Tras la compra, los consumidores confían en que el fabricante se encargue del mantenimiento del software, pero este servicio puede interrumpirse de un momento a otro si el consumidor deja de pagar las cuotas o si la empresa decide cerrar o pivotar.

Ford publicó en febrero de este año un documento de patente en el que los coches autoconducidos podrían «readquirirse». La «readquisición» empezaría por desactivar gradualmente algunas de las funciones del coche, como el control de crucero o el reproductor multimedia.

A continuación, se conduciría el coche a distancia hasta las instalaciones de la entidad crediticia o, si el prestamista determina que el coche no vale lo que cuesta recuperarlo, el coche podría conducirse a sí mismo hasta un desguace.

En otro caso de desactivación de funciones por impago, un chaleco airbag para motocicletas fabricado por Klim dejará de funcionar si el propietario incumple los pagos de la suscripción.

¿Por qué es importante?

¿Es esto el fin de la propiedad? Esta tendencia cuestiona quién es el propietario de los productos si pueden ser controlados por terceros. Ya no se trata de comprar el producto y poner fin a la relación con el fabricante. El fabricante sigue relacionándose con el consumidor a través de un modelo de suscripción (quizás para determinadas funciones) o mediante un soporte de software sobre el que tenemos poco control.

Los fabricantes ven en ello una forma de aumentar sus ingresos, pero ¿es a costa de los derechos de los consumidores si tienen el poder de impedir que funcione un chaleco salvavidas o de dejar en la estacada a clientes ciegos?

Algunos argumentan que es más rentable no pagar por adelantado por una prestación, sino hacerlo cuando las circunstancias financieras son buenas. Pero a la larga, el consumidor acabará pagando más que si lo comprara directamente.

¿Qué pueden hacer al respecto las empresas y los responsables políticos?

Las empresas deben tener especial cuidado cuando utilicen este enfoque para aumentar sus ingresos. Tienen que ser transparentes sobre los términos y condiciones del servicio cuando se compra el producto.

Roza la falta de ética si la retención de servicios pone en peligro a los consumidores o vulnera sus derechos. Este ámbito carece en gran medida de regulación, pero es probable que esto cambie a medida que las organizaciones de defensa de los derechos de los consumidores presionen para aumentar su protección.

Los responsables políticos deben prestar mucha atención a cómo se desarrolla esta tendencia y encontrar un equilibrio entre la protección de los consumidores y la posibilidad de que los fabricantes maximicen sus beneficios.